Es un estudio para verificar que los antecedentes del inmueble se encuentren en orden, en el sentido que el vendedor sea el verdadero dueño y poseedor de la propiedad, y que esta última no se encuentre afectada a limitaciones tales como usufructos, hipotecas, servidumbres, prohibiciones restricciones legales y judiciales, expropiaciones y otras, que impidan o dificulten la venta o transferencia del inmueble al comprador. Generalmente es realizado por abogados.
Los bancos y entidades financieras exigen contar con este estudio, para asegurar que no haya inconvenientes al inscribir válidamente el dominio del inmueble a nombre del comprador y las hipotecas y prohibiciones, constituidas, en su favor, para asegurar el pago del préstamo que otorguen a los compradores.
Normalmente se realiza antes de la compraventa pero con posterioridad a la promesa de compraventa.